(Artículo publicado en La Razon, Suplemento Animal Político de fecha 06 de agosto de 2011)

Resulta imposible creer que en las condiciones deplorables en las que se encuentra la institucionalidad judicial en Bolivia, pueda existir una sentencia que, más allá de condenar o exculpar a los encausados en el juicio de responsabilidades por octubre de 2003, se constituya en un testimonio de esclarecimiento sobre la verdad material de lo ocurrido en nuestro país durante aquellos aciagos acontecimientos que han dejado una profunda herida en el régimen democrático, que no podrá cicatrizar en este particular momento, y que por el contrario, quedará expuesta hasta que recuperemos el Estado de Derecho y la vigencia plena de las Garantías Constitucionales, condiciones sine qua non para llevar adelante un procesamiento transparente que nos devuelva la confianza en el Sistema de Administración de Justicia.

Llama la atención que en el proceso que se viene desarrollando en la sede de la Corte Suprema de Justicia, y cuya resolución o fallo final será expedido en breve, se encuentren sujetos a jurisdicción y juzgamiento únicamente siete personas, vale decir, cinco miembros de las Fuerzas Armadas y dos ex ministros; este hecho, por si mismo, revela la ninguna validez del juicio. Independientemente de cualquier consideración política, es evidente que desde el punto de vista jurídico no es posible que el proceso haya reunido los elementos de convicción que permitan al tribunal una adecuada valoración sobre los sucedido en octubre de 2003, para con ellos dictar, reitero, un fallo que en su parte considerativa pueda en verdad referir hechos y circunstancias que mínimamente nos aproximen a la verdad histórica y que funden válidamente una resolutiva que conserve al menos un escaso sentido de equidad y justicia. Conviene preguntarse, a propósito de lo señalado, ¿Qué podrían aportar dos Ministros cuya participación en el gabinete de entonces era absolutamente marginal?, ¿Cómo podría conocerse la inteligencia de las decisiones del ejecutivo, si sus autores no son parte del proceso al haberse declarado su rebeldía? En suma, ¿De qué elementos goza el tribunal, que no sean los testimonios de dos miembros del gabinete en las carteras de Desarrollo Sostenible y Trabajo, que ni siquiera formaban parte del círculo de confianza del Presidente Sánchez de Lozada? No se cuentan con los testimonios de los ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Defensa: ¿Sobre esa base se pretende hacer creer a la gente que el juicio de Octubre de 2003 y su cercano fallo, constituyen un esfuerzo verdadero en la búsqueda de la verdad y la consecuente reparación institucional que merece el pueblo boliviano en general, y las familias de la victimas en particular.

La situación descrita líneas arriba sólo es posible dado el actual estado en el que se encuentra el Sistema de Administración de Justicia y su irrefutable nivel de politización, por ello convendría que el país diera en verdad un salto hacia la construcción de un Órgano Jurisdiccional fuerte, que gozará de credibilidad y confianza, y que el proceso de elección de autoridades previsto para el próximo octubre, hubiese sido tratado con rigor institucional en vez de convertirlo en una velada forma de copamiento de poder por del partido gobernante. Sólo así podríamos garantizar que en un juicio por este o cualquier otro asunto público o privado, pudiese resultar en resoluciones justicieras y no trofeos políticos como seguramente ocurrirá en el caso presente. En condiciones de mínima confianza en el Sistema, no existiría argumento alguno para la incomparecencia de quienes han optado por la rebeldía.

Ante la realidad presente, queda una alternativa que el Gobierno del MAS debiera viabilizar: se trata de la constitución de una COMISION DE LA VERDAD, con representantes de organismos multilaterales, específicamente Naciones Unidas, quienes podrían realizar auditorías procesales e intervenir en el caso de Octubre de 2003 y otros juicios contra representantes de la oposición política en el País. Este tipo de iniciativas no son ajenas a la historia contemporánea latinoamericana; en El Salvador se logró llevar adelante una que resultó de los Acuerdos de Paz de Chapultepec luego de 12 años de guerra civil. El Perú acudió a similar iniciativa para lograr esclarecer el nefasto periodo de violencia armada interna que se instaló en ese país desde 1980 hasta 2000. La razón prescribe que no es necesario sumirse en periodos tan extensos, ni justificar el esclarecimiento de la verdad con más sangre de la que se ha derramado en octubre de 2003. Es el momento oportuno para convocar a la comunidad internacional para que contribuya a desentrañar la verdad de los hechos en la Guerra del Gas, pero también en casos como el de supuesto “Terrorismo” en Santa Cruz, la “Masacre de Porvenir”, así como la ilegal e indebida reclusión de Leopoldo Fernández en una cárcel de máxima seguridad, sin haber sido objeto de un juicio justo y menos una condena ejecutoriada. La COMISION DE LA VERDAD, podría ayudarnos a esclarecer el grado de politización que contienen los actuales procesos en manos de un sistema de administración de justicia que no termina de comprender la magnitud de su responsabilidad con la historia. Todo indica que ha llegado el momento de la que comunidad internacional asuma responsabilidad en estos temas que hacen a la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que tienen fuente en tratados internacionales de obligatorio cumplimiento y que están llamados a preservar, por muy incómoda que resulte esta tarea que siempre es menos grata que la paz de los despachos y la cordialidad de los eventos en embajadas de países amigos.

Bernard Gutiérrez Sanz

Abogado y Senador de la República