El MAS se ha propuesto la toma del Órgano Judicial. Este objetivo no nace con el día, ni se pone en evidencia en el proceso de preselección que ya se ha iniciado; tiene su antecedente inmediato en la ley habilitante (Ley 003) que el Presidente mandó a aprobar con la mayoría oficialista de la que dispone en el Órgano Legislativo, y que le permitió designar a dedo a los vocales del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Dicha ley, y el Decreto 0432 de 17 de febrero de 2010, constituyen el instrumento (anti)jurídico del cual se valió el presidente Evo Morales, para perpetrar una violación a la Constitución Política del Estado, norma suprema que, además de impulsar en el cuestionado proceso constituyente, juró cumplir y hacer cumplir, a tiempo de asumir su segundo mandato, en enero de 2010.

Habrá que recordar que en su momento, los cuestionamientos sobre aquella determinación fueron muy duros ya que, habiéndose establecido constitucionalmente que la elección de las más altas  autoridades del Órgano Jurisdiccional fueran una decisión del Soberano, a través del voto, constituía un absoluto contrasentido que el mandatario se arrogue una potestad que no emana del Texto Supremo, pero como en Bolivia el Presidente “le mete nomás”,  les toca a los juristas y voceros del entorno palaciego salir al frente para intentar justificar lo injustificable; son cosas que ya forman parte del cotidiano en la política criolla.

Algo más de un año ha transcurrido desde aquel episodio, y aquí vienen de nuevo. En los días precedentes se ha aprobado el Reglamento para la preselección de candidatos y candidatas, instrumento que por supuesto, es consecuente con el propósito ya señalado; la toma del Órgano Judicial, ésta vez, intentando hacer creer a la sociedad civil que será ella quién elija. La estrategia pasa por  “no ser” pero “parecer”. Es decir, harán lo posible por darle al hecho mismo del fraude un revestimiento democrático, que de manera alguna es creíble. Es que los bolivianos y bolivianas ya tienen en cuenta que el MAS actúa en base a “estrategias envolventes” y “trampitas”, por lo tanto, no les ha sido difícil comprender que en estos comicios votarán pero no elegirán. Todo está previsto para que así suceda. No podría ser de otra manera, el Reglamento, como ya se dijo, ha sido concebido para darle al MAS la posibilidad de determinar quienes pasarán a formar parte de las papeletas electorales, independientemente de cualquier consideración meritocrática. En efecto, los candidatos no serán sometidos a una ponderación, sus meritos profesionales o académicos no se encuentran sujetos a una calificación y por lo tanto, vale lo mismo, ocho años de ejercicio que una vida consagrada a la judicatura. Es equivalente, conforme este reglamento, una licenciatura en Derecho, que un Doctorado en materia Constitucional.  ¿Por qué tomaron este recaudo? No es muy difícil comprender la respuesta, lo que ocurre es que aprendieron del pasado inmediato, y no están dispuestos a pasar por la embarazosa situación que vivieron en los procesos de elección, tanto del Defensor del Pueblo, como de Vocales del Tribunal Supremo Electoral. En ambos casos, la elección se encontraba a cargo de la Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, y se efectuó un proceso de preselección en el que sí hubo una ponderación de méritos que permitió elaborar una lista en la que se ubicaban los candidatos conforme a un puntaje, sin embargo, el MAS voto sin considerar esa prelación, situación que los puso en evidencia, desnudando el hecho de que el oficialismo bautiza a quienes gozan de su confianza, y por quienes están dispuestos, seguramente,  a asumir compromisos políticos.

En esta oportunidad, los 125 candidatos cuyos rostros formarán parte de las papeletas electorales, tendrán, por supuesto, las mismas características. Serán gente que el MAS haya decidido “bautizar”, con todo lo que ello implica. No estarán atados a una nómina con puntajes ni calificación, tendrán la libertad de elegir por encima de lo racional, sin que nadie los pueda cuestionar por dejar en el camino a personalidades  cuyo mérito sea el de la probidad y no el compromiso político con el partido de gobierno.

Por supuesto, la toma del Órgano Judicial es fundamental dentro el Proyecto de Poder que se ha planteado el  MAS.  Entre otras cosas, los altos tribunales del país tendrán como misión, refrendar el conjunto de procesos judiciales que se llevan adelante contra los opositores, pero además, expedirse declarando la constitucionalidad de una eventual postulación de Evo Morales, en los comicios de 2014.

¿Qué le queda a nuestro País, después de esta maniobra? Una democracia aparente, un sistema ausente de frenos y contrapesos, en el que la independencia de poderes es un concepto romántico que no hace a nuestra realidad. Por supuesto, la deuda que queda es enorme, y la pagaremos los bolivianos y bolivianas en el corto, mediano y largo plazo.

LAS RIELES DE LA INSTITUCIONALIDAD

El verdadero proceso de transformación que requiere el país, es una tarea pendiente. Los bolivianos y bolivianas no se rinden en sus aspiraciones, y mantienen firme la esperanza de ver al País, convertido en un verdadero escenario de oportunidades, con justicia e igualdad. Dentro de las muchas tareas que se requiere emprender para construir  la Bolivia Horizontal que se anhela, sin duda, una de las más importantes, es la construcción de institucionalidad. Los grandes países,  trabajan incansable y permanentemente en el fortalecimiento de las suyas; el nuestro, más temprano que tarde deberá emprender esta tarea. En el caso especifico del Órgano Judicial, se tiene una deuda histórica ya que venimos de una tradición nada transparente, un sistema de administración de justicia caracterizado por su ineficiencia con males consustanciales como la corrupción y la retardación. Es preciso dotarnos de un Órgano confiable y creíble,  con magistrados y magistradas, jueces y tribunales que no respondan a otra servidumbre que no sea la de la ley.

Metafóricamente hablando, la institucionalidad es como un riel, las instituciones son la locomotora, y los administradores, sus maquinistas circunstanciales obligados a permanecer dentro el curso que ha sido establecido, sin posibilidad de maniobras que pongan en riesgo el destino común del desarrollo.

Bernard Gutiérrez Sanz,

Abogado y Senador de la República.